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 Setenta grupos ecologistas han pedido la expulsión de Repsol de la Amazonia después de que la rotura de un oleoducto haya provocado el vertido de 14.000 barriles de crudo en la mayor reserva natural de Ecuador. El Gobierno de Correa denuncia una cascada de negligencias…

(Actualización: Carta abierta a los accionistas de Repsol YPF)

 

 

Más de 70 organizaciones conservacionistas, entre ellas Ecologistas en Acción, exigen la expulsión de Ecuador de la compañía Repsol YPF tras el vertido, el pasado 25 de febrero, de 14.000 barriles de petróleo en la Amazonia ecuatoriana. El derrame, localizado a 100 kilómetros de Quito, se produjo tras la ruptura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el único oleoducto privado de Ecuador, participado por la petrolera hispanoargentina. El brutal vertido ha afectado a la reserva ecológica Cayambe-Coca, el área protegida con mayor diversidad animal y vegetal de Ecuador. Más de 1.300 especies animales, entre ellas el cóndor, el armadillo y el oso de anteojos, se refugian en las 400.000 hectáreas de este santuario natural, el mayor del país. Las ONG, agrupadas en la campaña Afectados por Repsol YPF, piden al Gobierno de Rafael Correa “que ejerza la soberanía en su territorio y se libere de una empresa que tanto daño ha hecho a esta nación”.

 

El OCP, rebautizado por los ecologistas como Oleoducto de Contaminación y Pobreza, inició su operación el 14 de noviembre de 2003, y con su construcción, terminada en tan sólo dos años, Repsol YPF, pretendía “duplicar su producción en Ecuador”, según la propia compañía. A pesar de la juventud de los materiales empleados, el Ministerio de Minas y Petróleo ecuatoriano sentenció que la marea negra se debió “a la fatiga de la tubería”. Y, para los ecologistas, la explicación a este defecto se encuentra en “las prisas” con que se construyó el oleoducto.

 

Fuentes de Repsol YPF aseguran que la compañía ha abierto una investigación, aunque su participación en el oleoducto “es mínima”. Sin embargo, la empresa es propietaria del 25% del OCP según las ONG, una cifra que la petrolera no ha querido confirmar. Repsol YPF declina dar mayores explicaciones “a la espera de conocer las causas del vertido”, pese a que el Gobierno ecuatoriano ha apuntado a la fatiga de la tubería desde el primer momento.

 

Descoordinación

El Ministerio del Ambiente ha denunciado una cascada de negligencias que han aumentado el impacto del siniestro. El vertido del oleoducto, cuyo lema es Por donde pasa el OCP suceden cosas buenas, afectó a los ríos Santa Rosa, Quijos y Alta Coca. En las primeras inspecciones en la zona, los técnicos del Ministerio observaron parches de crudo en las localidades de San Carlos y San Luis, próximas al río Quijos, sin que existiera “ningún tipo de acción correctiva” en las 72 horas posteriores al derrame.

 

A pesar de que los responsables del OCP -una arteria de 485 kilómetros capaz de transportar bajo la Amazonia 450.000 barriles de crudo diarios- aseguran que “perfeccionan” continuamente sus planes de respuesta ante emergencias, el Ministerio del Ambiente ha desvelado que los trabajadores, subcontratados, que participaron en las labores de limpieza del vertido conocían, de manera “limitada”, el plan de contingencia. “En algunas estaciones de trabajo se pudo comprobar una descoordinación en su forma de actuar”, denuncia el Gobierno ecuatoriano.

 

Esta cadena de descuidos provocó que el agua contaminada llegara a importantes áreas protegidas de la región amazónica, como el Bosque protector La Cascada y el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras. El vertido, ya controlado según OCP, amenazó incluso con alcanzar la cascada de San Rafael, uno de los principales centros de atracción turística de la Amazonia.

 

“Nos creen tontos”

El Gobierno de Rafael Correa no quiere que este desastre ecológico quede impune. El pasado 28 de febrero, el Ministerio del Ambiente presentó una denuncia contra el presidente ejecutivo de OCP Ecuador, Wong Loon, ante el fiscal de delitos ambientales del municipio de El Chaco. Su objetivo, expresado en un comunicado, es “determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas en el hecho denunciado, por haber actuado u omitido de forma dolosa o negligente, en el daño al ambiente, con el fin de que se impongan las penas correspondientes y se obligue al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al Estado y a terceros afectados”.

 

A pesar de esta firmeza del Gobierno ecuatoriano, la petición de las organizaciones ecologistas podría llegar tarde. El 1 de noviembre de 2008, Correa anunció que echaba a la petrolera española de Ecuador. “Repsol se va del país” porque “ha bajado la producción y las inversiones y no ha aceptado renegociar el contrato”, explicó el presidente ecuatoriano.

 

Y, 10 días antes del vertido, el 14 de febrero, Correa amenazó con incautar los activos de la compañía y congelar sus cuentas bancarias por el impago de los impuestos correspondientes a las ganancias extraordinarias por el elevado precio del crudo en los mercados internacionales. “[Algunas petroleras extranjeras] nos creen tontos”, espetó Correa.

 

Sin embargo, el 26 de febrero, un día después del vertido en la Amazonia, el Ministerio de Minas y Petróleos anunció que Repsol YPF aceptaba “pagar sus deudas al Estado ecuatoriano”, unos 100 millones de euros.

 

 

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El riesgo de marea negra en Doñana

El vertido de 14.000 barriles de petróleo en la Amazonia ecuatoriana ha recrudecido las críticas contra el proyecto para construir en España un oleoducto de 200 kilómetros desde Huelva hasta la comarca pacense de Tierra de Barros. La tubería, promovida por el grupo del empresario extremeño Alfonso Gallardo, apoyado por el PSOE regional, tendría que atravesar varios espacios naturales protegidos, bordeando el Parque Nacional de Doñana, para llegar a su destino: una refinería de petróleo en Los Santos de Maimona, en Badajoz. Para el coordinador de la Oficina para Doñana de la organización ecologista WWF, Juanjo Carmona, el accidente en el oleoducto participado por Repsol YPF en Ecuador es una prueba de que “la seguridad absoluta no existe”. A su juicio, “no tiene sentido poner en riesgo un ecosistema único, como es Doñana, por una refinería que se puede instalar en otro sitio”.

 

 

Fuente: Público 

 

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