Durante más de una década, el Gobierno de España, ha defendido prácticamente en solitario el cultivo de transgénicos en la Unión Europea y es el único país que ha tolerado su cultivo a gran escala, sin cumplir con las normas europeas y españolas de transparencia, sin seguir los productos a través de la cadena alimentaria, sin obligar a etiquetar los alimentos transgénicos y sin realizar seguimiento alguno de los campos cultivados con estas peligrosas semillas.

Actualmente se cultivan entorno a 70.000 hectáreas de un maíz modificado genéticamente de Monsanto, un nombre que junto a otras multinacionales (como Syngenta) sale con frecuencia en los cables que la embajada de EE.UU. en Madrid envía a Washington. Queda confirmado pues cómo, desde el Gobierno, se ha trabajado para favorecer los intereses de estas empresas.

Desde las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, COAG, Plataforma Rural y CECU se exige ahora a la ministra Rosa Aguilar que la política española sobre organismos modificados genéticamente (OMG) deje de estar controlada por las multinacionales, pidiéndose también una moratoria inmediata a su cultivo en España.

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